Cantabria pone dinero público para recuperar viviendas vacías y abaratar el alquiler

El Gobierno de Cantabria quiere que parte de las viviendas que permanecen cerradas en la comunidad vuelvan al mercado del alquiler. Para conseguirlo, ha diseñado Cantabria Alquila, un programa gestionado por la empresa pública Gesvican que ofrece garantías económicas a los propietarios a cambio de incorporar sus inmuebles al sistema durante siete años.

La fórmula plantea una intervención directa de la Administración en el mercado: Gesvican fijará la renta que recibirá el dueño, gestionará la adjudicación de la vivienda y establecerá un alquiler adaptado a la capacidad económica del inquilino. La aportación de este último no superará, con carácter general, el 30% de los ingresos de su unidad de convivencia; el Ejecutivo autonómico cubrirá la diferencia hasta alcanzar la renta reconocida al propietario. (Cantabria Press)

Siete años de garantías para el propietario

El sistema pretende reducir el riesgo que supone alquilar una vivienda. Según los detalles presentados por el Ejecutivo, el propietario podrá percibir la renta fijada por Gesvican incluso durante los seis primeros meses, aunque todavía no se haya formalizado el arrendamiento. Una vez ocupada la vivienda, los pagos estarán garantizados y se abonarán por adelantado, con periodicidad semestral.

El programa incluye también ayudas para acondicionar los inmuebles antes de incorporarlos al alquiler, de hasta 12.000 euros, y subvenciones de hasta 18.000 euros para financiar las reparaciones necesarias al finalizar el periodo de arrendamiento y devolver la vivienda a su estado inicial, conforme a las condiciones previstas.

A estas medidas se suman compensaciones del 70% del IBI, con un máximo de 400 euros anuales, y del 70% de los gastos ordinarios de comunidad, hasta 50 euros mensuales.

La factura pública, una de las claves del programa

El Gobierno regional estima que en Cantabria existen alrededor de 50.000 viviendas vacías, aunque esa cifra no significa que todos esos inmuebles puedan incorporarse al programa ni que sus propietarios estén dispuestos a hacerlo.

La cuestión económica será determinante para medir el alcance de la iniciativa. El coste final dependerá del número de viviendas que entren en el sistema, de las rentas reconocidas, de la diferencia que deba cubrir la Administración y de las ayudas que se concedan para obras y gastos asociados.

Por ahora, el Ejecutivo no ha concretado una dotación presupuestaria total para el programa en la información publicada sobre su presentación. La evaluación deberá tener en cuenta tanto el gasto público como el número de viviendas que efectivamente se incorporen y las familias que logren acceder a ellas.

Aún queda el trámite del decreto

La regulación de Cantabria Alquila se encuentra en fase de consulta pública. El Gobierno prevé aprobar el decreto antes de que termine el año y desplegar el programa en 2027. Por tanto, los detalles definitivos y el calendario de incorporación de las viviendas todavía están pendientes de completar su tramitación.

La iniciativa busca ampliar la oferta de alquiler asequible sin limitarse a construir nuevas viviendas, utilizando parte del parque residencial existente. Su resultado se medirá por cuestiones concretas: cuántos propietarios se suman, cuántas viviendas llegan al mercado, cuánto cuesta mantener las garantías y qué familias consiguen acceder a ellas.