El Tribunal de Cuentas pone deberes a Cantabria y a tres ayuntamientos por la vivienda
Santander, Torrelavega y Castro Urdiales deberán mejorar la gestión del parque público, estudiar las necesidades reales y reforzar la planificación
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha instado al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales a reforzar sus políticas de vivienda y corregir deficiencias detectadas en la gestión de los ejercicios 2022 y 2023. La resolución ha sido publicada este martes en el BOE.
El Tribunal reclama una mayor coordinación entre las administraciones para conocer las necesidades reales de vivienda y los recursos públicos disponibles. También pide mejorar la gestión de los bienes y del suelo público destinado potencialmente a vivienda protegida.
Castro Urdiales, el principal toque de atención
El Ayuntamiento de Castro Urdiales recibe uno de los requerimientos más concretos: deberá adoptar medidas para incrementar su parque de vivienda protegida y actualizar su inventario de bienes y derechos para identificar claramente el patrimonio público del suelo que pueda destinarse a nuevas promociones.
Además, Castro Urdiales y Torrelavega tendrán que realizar estudios específicos sobre las necesidades habitacionales de sus municipios y elaborar, en su caso, planes de vivienda con indicadores cuantitativos que permitan comprobar su grado de cumplimiento.
Torrelavega deberá ir más allá de ceder suelo
En el caso de Torrelavega, la resolución reclama que el Ayuntamiento implemente intervenciones propias en materia de vivienda y no se limite a la cesión de suelo al Gobierno de Cantabria. También le exige mejorar la información publicada sobre sus bienes inmuebles.
Santander: inventario y viviendas municipales
A Santander y Torrelavega se les pide además mejorar los procedimientos de alta y baja de sus inventarios de bienes y derechos y corregir posibles errores.
El documento reclama igualmente que ambos ayuntamientos regularicen la situación de sus viviendas municipales, incluyendo la resolución de situaciones de ocupación ilegal y la rehabilitación de aquellas que necesiten actuaciones para poder volver a destinarse a vivienda.
La resolución plantea finalmente que los tres ayuntamientos adopten la metodología del Presupuesto en Base Cero, con el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto público y disponer de mayor información para la toma de decisiones.
El propio Tribunal de Cuentas ya había concluido en su informe de fiscalización que ninguno de los tres municipios disponía en 2022 y 2023 de una política municipal de vivienda global e integrada y consideró insuficientes las actuaciones realizadas para atender la demanda habitacional.