119 pacientes rechazaron ser derivados a centros concertados para pruebas radiológicas
El SCS detecta 119 registros de rechazo, de los que 43 ya se han realizado la prueba en la red pública y el resto están pendientes de citación
El Servicio Cántabro de Salud ha detectado 119 registros de pacientes que rechazaron realizarse pruebas de radiología fuera de la red pública. De ellos, 43 ya han realizado las pruebas en hospitales públicos de Cantabria, mientras que el resto continúa pendiente de citación.
El dato fue ofrecido este lunes por el consejero de Salud, César Pascual, durante su comparecencia en el Parlamento de Cantabria para explicar la gestión de las derivaciones a centros concertados tras la polémica surgida por un correo electrónico del Hospital Valdecilla.
El análisis realizado por el SCS recoge 23.753 solicitudes de pruebas radiológicas pendientes en Valdecilla, Sierrallana y Tres Mares hasta el 24 de septiembre. Entre ellas aparecen los 119 registros marcados como rechazo a una derivación.
Pascual ha insistido en que rechazar una derivación a un centro alternativo no supone renunciar a la prestación sanitaria ni salir de la lista de espera.
El consejero también ha reconocido que el polémico correo existió y que estaba «mal formulado». El mensaje indicaba a los pacientes que, si rechazaban realizarse la prueba en Santa Clotilde, se entendía que renunciaban a ella y se procedería a su anulación. Pascual ha señalado que esa comunicación «no debió difundirse» y que su contenido fue desautorizado.
8.509 pruebas realizadas en Santa Clotilde
Entre abril y septiembre, el Hospital Santa Clotilde realizó 8.509 pruebas radiológicas, entre ecografías, resonancias, TAC y mamografías.
El SCS ha revisado además 48 reclamaciones relacionadas con el centro y ha identificado una única reclamación vinculada específicamente al rechazo de una derivación. Según Pascual, las pruebas de ese paciente permanecían pendientes de cita en su hospital.
El consejero ha anunciado cambios en los procedimientos para registrar los rechazos, cancelaciones y reprogramaciones y mejorar la información que reciben los pacientes.
La oposición, sin embargo, mantiene sus críticas. El PSOE sostiene que el correo evidencia una estrategia previamente diseñada para derivar pacientes a la sanidad privada, mientras el Gobierno defiende que se trató de una comunicación incorrecta que ya ha sido corregida.