Cuatro plazas de la Oficina de Proyectos Europeos, anuladas por los tribunales

Una sentencia del Tribunal de Instancia de Santander número 5 ha anulado la cobertura de cuatro plazas de la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria al considerar acreditada una vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical por la ausencia de la negociación preceptiva con el representante de UGT. El fallo, que no es firme y puede recurrirse, condena además a la Oficina a pagar 750 euros por daño moral.

Las plazas afectadas son dos puestos de técnico gestor de proyectos europeos, uno de técnico redactor de proyectos y otro de coordinación de proyectos europeos, todos ellos con contrato indefinido. Según la resolución, el delegado de UGT solicitó formalmente negociar las bases en junio de 2024, pero el proceso continuó y al representante de los trabajadores se le comunicó cuando la selección ya había terminado.

La sentencia también recoge que estas plazas procedían de contratos temporales que habían sido declarados judicialmente fraudulentos y cuyas relaciones laborales habían pasado a ser indefinidas no fijas.

PSOE pide explicaciones al Gobierno

El PSOE ha aprovechado el fallo para reclamar explicaciones al consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, y ha acusado al Ejecutivo del PP de haber producido un supuesto “señalamiento” profesional y sindical de trabajadores de la Oficina de Proyectos Europeos. La portavoz socialista, Ainoa Quiñones, ha reclamado responsabilidades políticas, aunque reconoce que la sentencia todavía puede ser recurrida.

El PP responde y eleva el tono

La respuesta popular llegó al día siguiente. El portavoz del PP de Cantabria, Juan José Alonso, acusó a Quiñones de utilizar la sentencia con “menos rigor y más demagogia” y rechazó sus acusaciones de “señalamiento” y “acoso” a trabajadores. El PP también lanzó críticas contra la trayectoria de la portavoz socialista, en un cruce político que ha elevado la polémica más allá del contenido estrictamente laboral de la sentencia.

La controversia deja ahora dos planos distintos: el judicial, que determina que no se produjo la negociación sindical exigida y anula las cuatro coberturas, y el político, en el que PSOE y PP intercambian acusaciones sobre la gestión de la Oficina de Proyectos Europeos.