Guerra política por la piscina de olas: PSOE y PRC cuestionan el proyecto y el Gobierno del PP defiende una inversión de más de 40 millones

La piscina de olas proyectada en Villaverde de Pontones, Ribamontán al Monte, se ha convertido en uno de los nuevos focos de enfrentamiento político en Cantabria. El Gobierno de María José Sáenz de Buruaga defiende el proyecto como una inversión privada de más de 40 millones de euros y una oportunidad para convertir a Cantabria en referente internacional del surf. PSOE y PRC cuestionan, sin embargo, su tramitación, el impacto territorial y las previsiones económicas.

El PSOE ha elevado el tono y ha calificado la iniciativa de “timo millonario”, acusando al Ejecutivo autonómico de poner el patrimonio natural “a merced” de intereses privados. Su portavoz, Ainoa Quiñones, cuestiona especialmente que se pretenda impulsar mediante un Proyecto Singular de Interés Regional y reclama explicaciones sobre el suelo, el agua y la previsión de usuarios.

El PRC también ha entrado en la batalla. Su portavoz parlamentario, Pedro Hernando, habla de un “tufillo extraño” y sostiene que la documentación presentada no justificaría, a su juicio, que el proyecto pueda ser considerado estratégico. Los regionalistas señalan que la inversión prevista ronda los 43 millones, por debajo de los 50 millones que, según su interpretación de la normativa, exige esa figura, y cuestionan también la creación de empleo y la titularidad de parte de los terrenos.

Uno de los principales puntos de choque es el agua. El PRC sostiene que el proyecto necesitaría alrededor de 60 millones de litros anuales, mientras que el consejero de Fomento, Roberto Media, asegura que la piscina funcionará mediante un circuito cerrado, con recuperación de agua de lluvia y reposición limitada principalmente a las pérdidas por evaporación. El Gobierno afirma además que el abastecimiento de los vecinos no estará en riesgo.

También hay discrepancias sobre las previsiones de actividad. El proyecto contempla más de 200.000 usuarios al año, entre 60 y 100 empleos directos durante su funcionamiento y más de 150 puestos directos e indirectos durante la construcción, según la documentación difundida sobre la iniciativa.

Mientras la oposición pone el foco en la viabilidad, el impacto territorial y el interés general, el Gobierno defiende que se trata de un proyecto privado que puede generar inversión, empleo y actividad durante todo el año. Media ha insistido en que no se plantea como un complejo hotelero con una piscina añadida, sino como un centro de surf con servicios complementarios.

La tramitación, entretanto, continúa. El proyecto ya ha sido presentado ante el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU), paso previo a que el Consejo de Gobierno pueda abordar la declaración de interés regional.

La piscina de olas ha pasado así de ser uno de los proyectos estrella anunciados por el Ejecutivo cántabro a convertirse en un nuevo campo de batalla entre PP, PSOE y PRC, con una discusión que ahora se centra en una pregunta clave: qué inversión, empleo y actividad puede generar el proyecto y qué coste territorial y de recursos tendrá finalmente.