Más de 3.000 pisos turísticos ilegales en Cantabria: el problema que acaba en manos de las comunidades
Los hosteleros reclaman más inspección mientras la regulación del alquiler turístico continúa repartida entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos
Más de 3.000 viviendas de uso turístico que operarían de forma irregular es la cifra que pone hoy sobre la mesa la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria. El sector denuncia que esta situación genera competencia desleal y está teniendo además consecuencias sobre el acceso a la vivienda de los trabajadores de la hostelería.
El problema vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que se repite en muchas comunidades: quién debe asumir el control de los pisos turísticos y hasta dónde debe llegar una regulación estatal común. Actualmente, las competencias están repartidas entre distintas administraciones y las comunidades autónomas establecen buena parte de los requisitos que deben cumplir las viviendas destinadas al alquiler turístico.
En Cantabria, el Gobierno regional aprobó en 2025 un nuevo decreto para regular las viviendas de uso turístico. Desde entonces se ha abierto un proceso de revisión y regularización: el Ejecutivo autonómico señaló recientemente que más de 2.000 inmuebles habían quedado fuera del mercado y que alrededor de 4.000 propietarios habían presentado documentación para acreditar que cumplían los requisitos. Hasta la última actualización disponible, unas 700 viviendas habían completado el proceso de regularización.
Pero el sector considera que el problema no se resuelve únicamente cambiando la normativa autonómica. La Asociación de Hostelería reclama reforzar la inspección: actualmente señala que hay cuatro inspectores en activo, frente a los once que considera necesarios para controlar adecuadamente la situación.
El debate, por tanto, vuelve a situarse entre las distintas administraciones. ¿Debe cada comunidad afrontar por separado el problema de los pisos turísticos o debería existir un marco estatal más homogéneo que establezca unas reglas comunes? En un mercado en el que las plataformas operan a escala nacional y los alquileres turísticos no entienden de fronteras autonómicas, la falta de un modelo único deja buena parte del control en manos de comunidades y ayuntamientos.
En Cantabria, mientras tanto, el debate ya tiene una cifra encima de la mesa: más de 3.000 viviendas que, según los hosteleros, estarían funcionando al margen de la normativa. Y detrás de ese dato aparece también otro problema: trabajadores que, según denuncia el sector, encuentran cada vez más dificultades para mantener un alquiler durante los meses de mayor actividad turística.